Las quedadas para salir a correr en grupo son una moda o tendencia que cada día se estila más en cualquier rincón del planeta. Hacer un poco de ejercicio en compañía con el fin de llevar un estilo de vida saludable y mantenerse en forma es la excusa que tanto runners como crossfiteros/as ponen a su pareja para poder escaquearse durante un rato de sus quehaceres diarios y obligaciones domésticas para así poder quedar con sus colegas y, ya de paso tomar, un par de cervezas de vuelta a casa.
Desde hace unos años, cada vez es más frecuente ver a grupos de fosforitos runners haciendo estiramientos en parques públicos y corriendo en comandita por las calles de las ciudades. En ocasiones estos grupos son ‘peer to peer’, pero en otros existe la figura del ‘macho alfa’ o personal trainer, alguien con conocimientos y formación cualificada para impartir sesiones de entrenamiento y cuyo caché se paga a escote entre todos los participantes.
Y es que el running es un filón económico para muchas empresas privadas, pero quizás también a partir de ahora lo empiece a ser para las instituciones públicas y sus arcas ¿Cómo podría sacar tajada y recaudar más impuestos un ayuntamiento necesitado de ‘plata’? Así debió pensar Guillermo Volponi, un concejal argentino que ha dejado caer una reciente y polémica iniciativa por la cual propone que los personal trainers de running, crossfit u otro tipo de entrenamientos a la carta paguen un canon o tasa por llevar a cabo su actividad en los espacios públicos (parques o playas) de la ciudad de Mar del Plata, en Argentina.
Volponi argumenta que así como los gimnasios pagan sus correspondientes impuestos municipales, los entrenadores personales desempeñan su actividad al aire libre sin pasar por caja. Y eso debe dolerle bastante al concejal, que le hierve la sangre cuando comprueba cómo algunos de ellos campan a sus anchas instalando conos, sogas, pesas o colchonetas en los espacios públicos. Por lo menos, es para hacer deporte y no un botellón, señor Volponi.
¿Afán recaudatorio?
La hipotética y futurible ordenanza municipal pretende crear una base de datos con los entrenadores que imparten clases deportivas al aire libre obteniendo un rendimiento económico a costa de usar los espacios públicos que ofrece la ciudad con la finalidad de garantizar la seguridad, el control y el cuidado de los mismos. Además se contemplan una serie de requisitos, que de ser incumplidos, acarrearían una multa que oscilaría entre 250 y 750 euros, así como una suspensión temporal o definitiva.
La inscripción en el registro sería de carácter obligatorio para estos personal trainers, quienes deberían rellenar un formulario en el que conste su nombre, apellidos, DNI y domicilio. Y, al mismo tiempo, detallar los días, el horario y el lugar público en que se desarrollará la actividad física.
Por otra parte, la persona responsable de impartir el entrenamiento tendría que acreditar el correspondiente título que le habilita para desempeñar esta docencia deportiva, conocimientos en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP) mediante un certificado emitido por una autoridad sanitaria, así como la contratación de un servicio médico ambulatorio.
Después de todo este periplo burocrático y, si está todo en regla, se le daría una acreditación con un periodo de validez para un año (con posibilidad de renovación) y con obligación de ser exhibida durante la sesión de entrenamiento al aire libre ¿Prosperará la polémica iniciativa del concejal Volponi?